Aprendimos conceptos como diversidad mental, cambiamos la palabra enfermos por supervivientes y entendimos que cuando uno está pasándolo mal lo que necesita es apoyo y no un castigo. Esto y más es lo que nos ocurrió a los asistentes al ciclo de seminarios sobre los derechos de las personas con problemas de salud mental, organizado en el Palau Macaya por la Federació Salut Mental Catalunya con el apoyo de la Obra Social ”la Caixa”.

Entre los invitados se encontraban expertos internacionales de la talla del peruano Alberto Vásquez, coordinador de investigación en la Oficina de la Relatora Especial de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, o la norteamericana Tina Minkowitz, colaboradora en la redacción de la Convención de Nueva York. Ambos luchan por la plena aplicación del artículo 12, sobre los derechos de los pacientes en salud mental, y deben lidiar a diario con dificultades legales y, sobre todo, con muchos prejuicios.

Detrás de la aparente fragilidad de Tina Minkowitz se esconde una fuerza y una determinación que serían difíciles de intuir a primera vista. Pequeña y delgada, sus ojos brillan detrás de sus discretas gafas con la determinación de una persona convencida de sus actos. Encerrada a los 18 años en una institución psiquiátrica, esta neoyorquina decidió dedicar su vida a defender los derechos de los que la sociedad denomina enfermos mentales, consideración que ella rechaza de pleno. La experiencia, traumática pero también reveladora, duró un mes y dejó una huella imborrable en la futura activista.

 

 

“Percibí la experiencia como un mensaje en que la psiquiatría consideraba que había algo tan terrible en mí que había que destruirlo y me obligaba a participar en esta destrucción de mí misma. Sobreviví como pude y luego me puse en contacto con los movimientos que luchaban contra estas prácticas. Era en torno a 1978 y por aquel entonces aceptábamos que nos llamaran enfermos mentales, pero luego decidimos definirnos como prisioneros mentales, porque así es cómo nos sentíamos. Ahora preferimos el término de supervivientes de la psiquiatría”.

Un mes después de la terrible experiencia que supuso haber sido aislada contra su voluntad, con administración de drogas y electrochoques, Tina tuvo un sueño en el que era abogada, algo que nunca se le había pasado por la cabeza. La idea germinó en su mente y acabó graduándose en una facultad de Derecho neoyorquina especializada en derechos humanos. Era el principio de una larga lucha contra los abusos de ciertas prácticas psiquiátricas.

“Encerrar a las personas sobre la base de un diagnóstico psiquiátrico es una forma arbitraria de detención y, por tanto, un ataque a los derechos humanos más básicos. En cuanto a la administración forzosa de drogas, la considero una forma de tortura. Si no aceptamos estas prácticas con disidentes políticos, ¿por qué las aceptamos en diagnósticos médicos más que discutibles?”

Para Minkowitz, considerar que las personas diagnosticadas con trastornos no pueden contar con los mismos derechos que el resto de la población es relegarlas al nivel de objetos, y mientras la atención psiquiátrica esté más centrada en el control del paciente que en su bienestar, se están destinando recursos a perpetuar los problemas en lugar de resolverlos.

“Es importante sacar el término del ámbito médico para integrarlo en el social: lo que denominamos enfermedad mental es solo una forma de considerar ciertas experiencias y no tiene por qué ser así. Las personas nos diferenciamos por nuestra manera de percibir experiencias en nuestra mente, por eso creo que no hay que hablar de enfermedad, sino de diversidad mental. Cualquiera de nosotros puede sentir una angustia extrema, revelaciones u otros estados de conciencia. Y eso no lo considero como una enfermedad mental. Pueden ser malas experiencias, pero en ese caso lo que se necesita es apoyo, no el castigo que supone la administración forzosa de drogas o el confinamiento en centros psiquiátricos”.

Alberto Vásquez trabajó para el gobierno de Perú durante muchos años antes de integrarse como coordinador de investigaciones para Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. “El proceso de reforma legislativa es mucho más fácil que su aplicación. Muchas veces las cosas parecen claras en la ley, pero transformarlas en políticas concretas es más complicado. La clave para mí es hacer un trabajo transversal aprovechando los recursos ya existentes, por ejemplo en políticas inclusivas”.

Además, Vásquez hace hincapié en lo que se pierde la sociedad en general apartando a las personas afectadas: “Con la segregación, lo que hacemos es incrementar los costos, porque esas personas sobremedicadas no pueden trabajar. Perdemos la diversidad, esta contribución de gente diversa en la sociedad. No hay que olvidar que somos parte de un engranaje social donde todos influimos en todos”.

Minkowitz también lamenta que no seamos capaces de aprovechar el potencial de personas con sensibilidades y aproximaciones a la realidad diferentes. “Nos perdemos nuestra propia humanidad y nuestra capacidad de crecer y construir relaciones nuevas, pero sobre todo nos perdemos la oportunidad de entender la profundidad de la naturaleza humana. Creo que lo que llamamos normalmente locura se debe en realidad a una falta de comunicación. La sociedad debe evolucionar para acabar con el concepto de enfermedad mental. Nadie es discapacitado, todos somos humanos con experiencias diversas: es parte de la vida y de lo que supone estar vivos”.

La clave, según Vásquez, es la adaptación de las legislaciones a puntos de vista más inclusivos. “Ahora mismo, la tendencia en la mayoría de leyes es eliminar la incapacitación y establecer sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Entonces, en lugar de que alguien te restrinja tu derecho a decidir, lo que va a pasar es que alguien te va a apoyar en tu toma de decisiones. Es un cambio de paradigma hacia la inclusión”.

 

Texto: Raúl M. Torres
Fotografía: Javi O. Sanmartín